Los plenos municipales son públicos

La información representa un eje esencial de la participación ciudadana. Si no se garantiza el acceso libre a la información pública difícilmente los ciudadanos podrán tomar decisiones efectivas y de calidad sobre los asuntos de relevancia local.

No es la primera vez que algunos Ayuntamientos impiden que los ciudadanos graben los plenos municipales utilizando los medios audiovisuales que tienen a su alcance, circunstancia que ha propiciado la aparición de diversos movimientos ciudadanos constituidos a tal efecto para denunciar este tipo de prácticas. Las razones esgrimidas por los consistorios se basa en una supuesta alteración del orden por parte de los denunciantes, y en otros casos se ha tomado dicha decisión sin aportar razones que la justificaran.

La retransmisión y grabación de las sesiones plenarias a través de medios técnicos por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación constituye un acto legítimo, teniendo en cuenta que los plenos son de carácter público y que las instituciones tienen la obligación de facilitar la información pública (la cual pertenece a los ciudadanos), por tanto cualquier intento de limitación en el acceso a la misma, coarta el derecho a la información y libertad de expresión, principios recogidos en nuestro marco constitucional. Recientes sentencias emitidas han dado la razón a los ciudadanos y colectivos que reclamaron su derecho a grabar los plenos.

Hay que tener en cuenta que multitud de ciudadanos no pueden acceder a los plenos por limitación física o temporal, con mas motivo la grabación y emisión en directo de los plenos permitiría lograr una mayor difusión de los puntos tratados en el pleno. No olvidemos que en los plenos participan nuestros representantes y es su deber informar al electorado sobre las decisiones que se tomen. Si esta información no llega a la ciudadanía resulta complicado que ésta se forme una opinión clara.

Sin transparencia la rendición de cuentas se convierte en una quimera y absolutamente nadie puede conocer el patrimonio y salarios de nuestros representantes, hacia que partidas se ha destinado nuestro dinero, bajo que criterios se ha contratado a una empresa o se ha concedido una ayuda, o si un determinado proyecto ha cumplido con los objetivos previstos.

Los Ayuntamientos deben promover un mayor número de experiencias participativas que involucren a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre asuntos de relevancia pública, así como en la definición de las políticas y servicios públicos. Si no se liberan los datos públicos, ni se facilita el acceso a los mismos, la participación ciudadana quedará como una mera declaración de intenciones.

Nota: Artículo de opinión publicado en el Periódico de Huelva el 20/4/2013